No hay ley aprobada en el Congreso en que no hayan participado activamente los lobbies.
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Vicente Martínez-Pujalte
Vicente Martínez Pujalte es un histórico diputado del PP que ha negociado prácticamente todas las leyes económicas que se han aprobado en España en las últimas dos décadas: «En todo este tiempo, no he conocido ni una sola ley en la que los lobbies no hayan participado muy activamente».
Parapetados tras un marco legal que los ignora, una clase política que simula ser ajena a su existencia y su propia discreción, los lobbies llevan influyendo en la actuaciones de los poderes públicos y moldeando las leyes que se hacen en España desde hace décadas.
El periodista Juan Francés, que además de reportero ha sido asesor de comunicación en los ministerios de Administraciones Públicas y Economía y Hacienda, o sea que conoce el Estado por dentro, ha aplicado un baño de contraste sobre el oscuro mundo de los grupos de interés en España.
El resultado ha sido ¡Qué vienen los lobbies! (Ediciones Destino), un libro necesario que revela la influencia central que la industria del lobby ha tenido en la configuración del marco económico y legislativo que hoy existe en España.
Sobre la naturaleza del lobby
La obra parte de una premisa revolucionaria en un país que desconfía por naturaleza de las relaciones entre los poderes públicos y los poderes privados: los lobbies de por sí no son ni buenos ni malos.
Lo formula en términos muy pragmáticos el ex ministro Jordi Sevilla en una parte del libro. «El lobby a) existe, b) no es malo per se, c) es menos malo cuanto más transparente es y d) en otros países funciona sin grandes problemas».
Juan Francés trata de desmontar, o al menos de matizar, la percepción clásica que se tiene del lobby como oscura palanca de presión del poder empresarial sobre el poder político para forzar cambios legislativos que le reporten beneficios particulares.
Existen lobbies de empresa, por supuesto, muy activos y muy poderosos, que defienden los intereses de una firma o de un sector cuando se debate una ley que les afecta.
Pero también entran dentro de la definición de lobbies organismos de otra naturaleza, que defienden intereses bien diferentes: la ONCE, la Conferencia Episcopal, las ONG, las plataformas como Stop Desahucios, funcionan con la misma operativa, tratan de influir sobre el poder político para ver reflejadas sus reivindicaciones o simplemente para introducirlas en la agenda.
La tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios, que podría acabar beneficiando a miles de personas que viven bajo la amenaza de perder su hogar, es un ejemplo de cómo la acción de estos grupos de interés puede ser beneficiosa para una parte amplia de la sociedad.
¿Tiene ventajas la existencia de lobbies?
Resulta que sí. Contribuyen a señalar y resolver problemas que afectan a sectores concretos y que el legislador no había identificado, prestan un asesoramiento técnico imprescindible a la hora de regular realidades complejas y, al cabo, pueden llegar a incidir directamente en la mejora de la competitividad de una economía, al contribuir a eliminar determinadas barreras y distorsiones.
¿No les convence? Si no creen al autor, pueden creer a John Fitzgerald Kennedy: «Los lobbistas me hacen entender un problema en diez minutos, mientras que mis colaboradores tardan tres días».
Tampoco hay que engañarse, un lobby es un grupo de interés de parte y su objetivo último es obtener una ventaja para una empresa o un sector concreto.
Pero, como afirma uno de los lobbistas con los que ha hablado el autor, para que una estrategia de lobby tenga éxito debe demostrar visión de Estado, es decir, hacer más visibles las ventajas que tendrá la adopción de una medida para el interés general que las que a buen seguro reportará a nivel particular.
Un objetivo, éste último, perfectamente legítimo, como defiende el autor, pero que puede conducir a cometer excesos y generar perjuicios a la sociedad cuando los lobbies «no están sujetos a control público y no cuentan con un sistema de controles y contrapesos que garantice la transparencia».
Los riesgos
Porque es en esas zonas de oscuridad donde emergen los riesgos. El riesgo, por ejemplo, de que los políticos se conviertan en auténticos lobbistas, como demostró una investigación periodística que cazó a catorce parlamentarios europeos aceptando un plus salarial por defender determinados intereses privados en la Eurocámara.
El riesgo, también, de que los poderes públicos sean demasiado permeables a los planteamientos de los lobbies, una sospecha que ha atravesado todas las leyes sectoriales que se han aprobado en España en los últimos años y que se convierte en certeza cuando uno echa un vistazo al inventario de escapatorias fiscales del que está trufado el Impuesto de Sociedades.
El riesgo, en fin, de que los grupos de interés alcancen tal poder que sean capaces de imponer y tumbar leyes, o de que incluso puedan amenazar a los gobiernos que osen atentar contra sus intereses.
Para el autor, de hecho, la cuestión no es tanto si el lobby es bueno o malo, sino si existe la suficiente transparencia y los suficientes mecanismos de control para que la sociedad pueda conocer como operan y pueda fiscalizar sus movimientos.
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